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El proyecto de construir la mayor represa hidroeléctrica de Centroamérica en el sur de Costa Rica implicará la pérdida de cientos de hectáreas de tierras ancestrales indígenas, advirtió este jueves un equipo de derechos humanos de una universidad estadounidense.

La etnia Teribe, "cuyos miembros han sido expropiados y marginados", "perderá otras 658 hectáreas de su tierra si el mayor proveedor nacional de electricidad (...) sigue adelante con el proyecto hidroeléctrico El Diquís" en Térraba, 100 km al sureste de San José, dijo en un informe la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en Austin (sur de EEUU).

"La construcción y el funcionamiento de una presa de tal tamaño" vecina al territorio histórico Teribe, uno de los pueblos indígenas de Costa Rica, "amenazaría la existencia y forma de vida de la comunidad", agrega el informe divulgado en San José.

El Diquís será la central hidroeléctrica más grande de Centroamérica, con una potencia de 650 megawatts, y su construcción partirá una vez que sean otorgados los permisos ambientales.

El embalse, de 7.363 hectáreas, usará aguas del río General Superior y tendrá una represa de 173 metros de altura. El proyecto, cuyo origen se remonta a tres décadas, requiere una inversión de 2.072 millones de dólares, según el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a cargo de él.

La comunidad Teribe, conformada por unas 750 personas, ocupa 9.355 hectáreas en Térraba, de las cuales 658 quedarían inundadas.

El informe universitario dice que los Teribe no han sido debidamente consultados, pese a que serán afectados, y que los trabajos preliminares del ICE en la zona han causado conflictos entre los indígenas. El ICE no comentó de inmediato estos cuestionamientos.

El ICE debe "adoptar procedimientos razonables y culturalmente sensibles" de consulta con los miembros de la etnia, así como estudiar "los potenciales impactos sociales, económicos y ambientales" del proyecto, agrega el informe.

Este informe de 100 páginas fue preparado durante un año por estudiantes de posgrado en Derecho y Estudios Latinoamericanos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que supervisa el profesor Ariel Dulitzky.

Los estudiantes cumplieron varias visitas en terreno para hablar con los indígenas, responsables del ICE y autoridades. El informe fue divulgado este jueves en San José por Brandon Hunter, Eva Hershaw y Kristian Aguilar.

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