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San José, 6 sep (EFE).- El Gobierno de Costa Rica calificó hoy como una "piedra" en el combate a la criminalidad y una atadura de manos un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que le prohíbe a la policía realizar retenes en vías públicas sin que exista "indicio comprobatorio de un delito".

La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, afirmó hoy a los periodistas que se va a acatar el fallo de la Sala porque "no queda más", pero reconoció que significa "una piedra más en el camino en el combate a la criminalidad".

En un fallo con fecha del pasado viernes, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de hábeas corpus presentado por el abogado Juan José Rímolo, quien interpuso la acción luego de que el pasado 9 de agosto la policía requisara su vehículo en un retén de rutina.

El abogado afirmó que este tipo de retenes no son herramientas preventivas legítimas y que afectan la libertad de tránsito de los ciudadanos.

La Sala le dio la razón y ordenó a las autoridades realizar retenes policiales únicamente cuando hayan indicios o pruebas de que se ha cometido un delito.

Por su parte, el ministro costarricense de Seguridad, José María Tijerino, declaró hoy en conferencia de prensa que este fallo "ata la mano derecha del Ministerio de Seguridad" y "priva de la herramienta mas útil para rescatar la seguridad por la que están clamando los ciudadanos".

"No vamos a claudicar en la lucha contra la delincuencia. Si nos han amarrado el brazo derecho a la espalda daremos cabezazos y rodillazos", afirmó Tijerino, quien aseguró que los retenes son un medio preventivo legal.

El Ministerio de Seguridad envió un comunicado en el que detalla los resultados de los últimos dos meses en los retenes policiales de rutina, en los que se destacan decomisos de drogas, dinero, vehículos, contrabando de mercaderías, así como la detención de inmigrantes indocumentados. EFE

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