América Latina y Caribe

Washington, 10 jun (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger a la jueza colombiana que lleva el caso de diez civiles desaparecidos en 1985 en el Palacio de Justicia y a su hijo, tras haber recibido amenazas, informó hoy la institución.

La CIDH pidió protección al Gobierno colombiano para la jueza María Stella Jara Gutiérrez, que ha sido amenazada por presuntos grupos armados al margen de la ley.

La jueza condenó el miércoles a 30 años de prisión al coronel retirado del Ejército Alfonso Plazas por estas desapariciones, una condena que ha causado polémica en el país.

La CIDH informó en un comunicado que las amenazas se habrían intensificado en los últimos meses, a medida que se acercaba la fecha para emitir la sentencia final del caso.

El organismo, que solicitó las medidas cautelares el pasado 2 de junio, lamentó que "ha habido demora" en la puesta en marcha de un plan de seguridad para salvaguardar la vida e integridad de la jueza y su hijo menor.

Por eso pidió al Gobierno colombiano que tome "las medidas necesarias" para garantizar la vida y la integridad de ambos y que informe sobre las acciones adoptadas para investigar de dónde provienen las amenazas.

Plazas es uno de los cinco militares en retiro o aún activos vinculados con el caso, pero el primero en ser condenado.

Mientras los familiares consideran que se trata de una sentencia "ejemplarizante", el presidente colombiano, Álvaro Uribe, opinó que generará "inseguridad jurídica", según dijo en una entrevista con la emisora La Voz, de Bogotá.

En la época de los hechos, Plazas dirigía una escuela militar de caballería en Bogotá y fue responsabilizado de la desaparición de diez civiles que estaban entre los varios centenares de personas que se hallaban en el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, cuando la desaparecida guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) lo ocupó.

La acción guerrillera derivó en un asalto militar que terminó en tragedia al día siguiente, con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La jueza también ordenó la entrega de su fallo a las instancias competentes para que investiguen al presidente de entonces, el conservador Belisario Betancur (1982-1986), y a quienes dirigían las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. EFE

elv/pgp/acb