Inmigración

Sonia Osorio

Miami, 11 feb (EFE).- Carlos Roa descubrió que participar en el "Sendero de los sueños", una marcha para llamar la atención sobre la necesidad de una reforma migratoria, iba más allá de caminar 2.414 kilómetros desde Miami hasta Washington.

El estudiante, junto con otros tres compañeros, ha palpado en su recorrido el miedo de los inmigrantes indocumentados, el silencio que guardan sobre los atropellos de los que son víctimas y la ignorancia sobre sus derechos, pese a carecer de un estatus legal.

Durante la caminata han escuchado muchos testimonios, relatados casi en susurros, sobre los abusos contra los inmigrantes perpetrados por agentes policiales, empleadores o asaltantes.

En la localidad de Mayo, por ejemplo, el temor mantiene en silencio a la comunidad hispana que habita ese pequeño pueblo en el noroeste de Florida.

"En esa ciudad hay delitos contra los hispanos que no se están reportando ante la policía. No tienen ninguna protección y tampoco recursos", dijo el estudiante venezolano a Efe en una entrevista telefónica.

La misión de Roa, Felipe Matos (Brasil), Juan Rodríguez (Colombia) y Gaby Espino (Ecuador), que fueron traídos a EEUU por sus padres cuando eran niños, es caminar para llamar la atención sobre la necesidad de aprobar una reforma migratoria y suspender la creciente ola de redadas y deportaciones.

La caminata se inició el pasado 1 de enero en Miami y la meta es llegar el 1 de mayo al Congreso, en Washington.

En la agenda está incluido abogar por el proyecto de ley Dream Act para mejorar el acceso a la educación de los inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad.

Pero a este cometido se ha sumado la labor de orientar a los inmigrantes que encuentran a su paso, además de dar charlas en las universidades y entrevistarse con legisladores.

"Realizamos en (el pueblo de) Mayo un entrenamiento de 'Conozca sus derechos' (KYR, por sus siglas en inglés) para informar a la comunidad cómo se deben proteger si la Migra toca a su puerta, se encuentran en medio de una redada o si un policía les detiene por el perfil racial", dijo.

Con esta labor Roa considera que la caminata "trasciende más allá del viaje personal. Estamos ayudando a crear un movimiento a través de compartir historias, las nuestras y las de los integrantes de las comunidades, para abrirle los ojos sobre la importancia de tener una voz".

Roa, de 22 años, experimentó las dificultades de ser indocumentado en carne propia. Cuando cursaba estudios secundarios, nadie le daba trabajo, no podía optar por una beca y tampoco ingresar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Llegó a este país cuando tenía dos años de edad de la mano de sus padres que se vieron obligados a cambiar el rumbo de sus vidas porque el abuelo del joven se enfermó.

"Mi abuelo paterno vivió acá tres décadas y en 1989 su salud se deterioró. Mi papá vino a cuidarlo y mientras estaba en proceso de obtener su estatus migratorio a través del abuelo, éste falleció", contó.

La familia heredó propiedades, pero la situación se complicó al quedarse sin estatus legal.

"En vez de vivir el sueño americano, vivimos la pesadilla americana. Papá tuvo problemas para mantener los trabajos, mi mamá sufrió de cáncer y falleció. No pudimos salir adelante", relató.

Hace dos años decidió abogar por los derechos de los indocumentados y así conoció a otros jóvenes que vivían una situación similar, pero estudiaban en la universidad.

De esa forma se enteró que él también podía y ahora estudia arquitectura, pero solo cursa dos materias por semestre porque debe pagar un costo más alto por ser extranjero.

Pero de aprobarse el Dream Act, incluso solo a nivel estatal, el joven podría culminar antes sus estudios, según Eduardo Padrón, presidente del Miami Dade College, el mayor centro universitario de EEUU con 170.000 estudiantes de los que cerca del 65 por ciento son de origen hispano.

"Estos muchachos no han cometido ningún delito que no sea estudiar, comportarse bien y ser buenos ciudadanos. Creo que se les debe dar la oportunidad de contribuir con la nación", afirmó.

Padrón dijo a Efe que el país invierte mucho dinero en esos estudiantes hasta que terminan la escuela secundaria, pero "cuando van a la universidad los quieren tratar como extranjeros y se les hace casi imposible porque el costo es cuatro veces mayor".

Consideró que la solicitud de los cuatro estudiantes a nombre de muchos otros a nivel nacional es más que justa y en el caso de Florida la Asamblea Legislativa puede aprobarla.

"Los hemos planteado muchas veces y ha habido algunos congresistas que también lo han hecho, pero la ley no ha pasado", se lamentó el académico.

"Irónicamente, la aprobó Texas que tiene la reputación de ser uno de los estados con un fuerte sentimiento antiinmigratorio lo que denota que han actuado con la cabeza y no con los pies. Por lo tanto los estudiantes indocumentados pueden ingresar a la universidad", resaltó. EFE

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